20 razones para cerrar los juicios de Guantánamo
18 de noviembre de 2008
Andy Worthington
Mientras Barack Obama y su equipo de transición empiezan a buscar la manera de cumplir la promesa del Presidente
electo de cerrar Guantánamo, Andy Worthington, autor de The
Guantánamo Files, recuerda que Barack Obama también prometió
"rechazar la Ley de Comisiones Militares" (la legislación que
resucitó el sistema de "juicios por terrorismo" conjurado en la
Oficina del Vicepresidente Dick Cheney en noviembre de 2001), y ofrece 20
razones por las que las Comisiones Militares deberían ser desechadas.
1. David Hicks. El caso de David Hicks, el llamado
"talibán australiano", fue el primer juicio programado tras la
reactivación de las Comisiones en la Ley de Comisiones Militares en otoño de
2006, después de que su primera encarnación fuera tachada de ilegal por el
Corte Supremo estadounidense.
Su caso es enormemente significativo, como expliqué en un artículo reciente, El
corazón oscuro de los juicios de Guantánamo, porque implicó un acuerdo
negociado por Susan Crawford, la recién nombrada Autoridad Convocante de la
Comisión (supervisora del sistema de juicios), que dejó completamente al margen
a los fiscales y, en particular, al fiscal jefe, el coronel Morris Davis, que
dimitió más tarde alegando injerencias políticas en el proceso y el deseo de
los que dirigían los juicios de permitir el uso de pruebas obtenidas mediante
tortura. Crawford, protegido de Dick
Cheney y amigo íntimo del jefe de gabinete de éste, David Addington
(principal artífice de la huida de la justicia de la Administración tras el
11-S), negoció el acuerdo en marzo de 2007 como favor al primer ministro
australiano, John Howard, tras una visita de Cheney. A cambio de admitir que
había proporcionado "apoyo material al terrorismo" y de renunciar a
las denuncias, bien documentadas, de que había sufrido malos tratos bajo
custodia estadounidense, Hicks recibió una condena de nueve meses, la mayor
parte de los cuales cumplió en Australia.
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2. Salim Hamdan. Este yemení, padre de familia con dos hijas
pequeñas y uno de los siete chóferes de Osama bin Laden, fue acusado, como
muchos de los presos, de conspiración y apoyo material al terrorismo. Tras un
juicio de dos semanas celebrado este verano, que fue la primera prueba real
de las Comisiones, un jurado militar le absolvió del cargo de conspiración y le
impuso una condena
de cinco años y medio por el cargo menor de apoyo al terrorismo. El juez, el
capitán Keith Allred, concedió entonces un crédito por el tiempo cumplido, lo
que significa que la condena de Hamdan concluirá a finales de año.
Los críticos del sistema se negaron a aceptar el juicio como legítimo (en particular, porque nunca se abordó
adecuadamente la zona gris relativa a la admisibilidad de las pruebas
coaccionadas), pero se mostraron encantados con el resultado. El gobierno, sin
embargo, que había estado presionando para que se le impusiera una pena de 30
años, estaba lívido. Tras señalar que Hamdan podría seguir retenido como
"combatiente enemigo" una vez cumplida su condena (una idea que sin
duda avergonzaría a todos los dictadores, salvo a los más endurecidos), el
Departamento de Defensa recurrió a alegar que Allred no tenía derecho a reducir
la condena de Hamdan por el tiempo cumplido, y pidió que se volviera a convocar
al jurado. Allred desestimó estas alegaciones en una sentencia escueta el 30 de
octubre, cuando, tras "leer los expedientes y las citas legales, así como
revisar la transcripción de la vista de la sentencia" (como explicó el Wall
Street Journal), declaró, simplemente: "Se deniega la petición de
la fiscalía de reconsiderar, reensamblar, reinstruir y volver a dictar sentencia".
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3. Ali Hamza al-Bahlul. El juicio de Al-Bahlul -el segundo
juicio estadounidense por "crímenes de guerra" desde la Segunda
Guerra Mundial- se celebró en Guantánamo la semana anterior a las elecciones
presidenciales. Sin embargo, a diferencia del juicio de Salim Hamdan, en el que
al menos se pudo ver que se hacía justicia (aunque fuera refractada a través de
un oscuro espejo de abusos tácitos), al-Bahlul, un yemení acusado de producir
vídeos para Al Qaeda y de servir como guardaespaldas de Osama bin Laden, se
negó a presentar una defensa, y su abogado, el mayor David Frakt, respetó los
deseos de su cliente y también se negó a hablar. Como señalé en un artículo
reciente, Frakt se vio obligado a guardar silencio por cuestiones de
representación forzosa, que podrían dar lugar a que los abogados fueran
castigados en el mundo real fuera de Guantánamo por representar a un cliente
reacio. En consecuencia, el juicio de al-Bahlul puso de manifiesto otro grave
problema de las Comisiones: si un preso deseaba representarse a sí mismo, era
aceptable, pero si boicoteaba por completo el proceso, su juicio se
desarrollaba como un espectáculo unilateral.
El 3 de noviembre, el jurado militar condenó a al-Bahlul a cadena
perpetua, pero sin argumentos para la defensa, se permitió a la administración
eludir la cuestión de las supuestas torturas infligidas a al-Bahlul bajo
custodia estadounidense, y también se le permitió ignorar la afirmación del
mayor Frakt, hecha antes de que comenzara el juicio, de que al-Bahlul "no
era un combatiente operativo", "no desempeñó ningún papel en la
planificación de actividades terroristas" y "no participó en
actividades terroristas". Como escribí en su momento, "la
administración cacareaba que había logrado una importante victoria en la
'Guerra contra el Terror', pero la culpabilidad de al-Bahlul debería haber sido
confirmada en un tribunal federal, donde no habría podido anotarse una victoria
propagandística para al-Qaeda al ser condenado en un juicio parcial".
4. Omar Khadr. El canadiense Omar
Khadr tenía sólo 15 años cuando fue capturado tras un tiroteo en Afganistán
en julio de 2002 y, como menor, debería haber sido rehabilitado en lugar de castigado,
según el Protocolo
Facultativo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño
(relativo a la participación de niños en los conflictos armados). Se le acusa
de lanzar una granada que mató a un soldado estadounidense, aunque la
revelación el año pasado de pruebas previamente suprimidas indica que fue otro
hombre quien lanzó la granada. Debido a la obstrucción de la fiscalía, el
juicio de Khadr se ha retrasado repetidamente, y ahora está previsto que comience
el 26 de enero de 2009, cinco días después del inicio de la nueva
administración estadounidense.
En el momento de escribir estas líneas, hay esperanzas de que el gobierno canadiense se vea obligado a exigir su devolución
a Canadá, tras revelarse en un tribunal canadiense que el gobierno sabía de su
tortura en Guantánamo y que sus repetidas afirmaciones de que habían recibido
garantías de las autoridades estadounidenses de que estaba recibiendo un trato
humano eran falsas. Su abogado civil, Nate Whitling, declaró ante el tribunal:
"No quiero utilizar la palabra 'mentira', pero fue una declaración
demostrablemente falsa la que se hizo al público canadiense".
5. Mohamed Jawad. Afgano de sólo 16 ó 17 años en el momento de su captura, Jawad está acusado de
lanzar una granada que hirió a dos soldados estadounidenses y a un intérprete
afgano en diciembre de 2002, aunque siempre
ha afirmado que la policía afgana obtuvo su "confesión" mediante tortura.
En el último mes, el caso de Jawad ha amenazado la legitimidad de todo el proceso de la Comisión, tras la dimisión de
su fiscal, el teniente coronel Darrel Vandeveld. Explicó que el sistema estaba
diseñado para impedir la revelación de pruebas esenciales para la defensa, y
describió cómo se habían suprimido deliberadamente pruebas que demostraban que
Jawad era menor de edad, que fue engañado para unirse a un grupo insurgente y
que fue drogado antes del atentado, y que otros dos hombres habían confesado el
crimen. Aterrorizada ante la posibilidad de que Vandeveld tuviera más
revelaciones perjudiciales, la administración retiró recientemente los cargos
contra otros cinco presos -Noor Uthman Muhammed, Ghassan al-Sharbi, Jabran
al-Qahtani, Sufyian Barhoumi y Binyam Mohamed- de los que Vandeveld era fiscal.
El gobierno añadió que tenía intención de volver a presentar cargos contra los
cinco hombres en noviembre, pero no explicó cómo pretendía silenciar
indefinidamente a Vandeveld.
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Al parecer, los cinco estaban relacionados con Abu
Zubaydah (foto, izquierda), un facilitador de campos de entrenamiento que
la administración estadounidense considera un alto operativo de Al Qaeda,
aunque el FBI sólo lo considera un logista menor con un trastorno de la
personalidad. El gobierno no ha explicado por qué no se ha acusado a Zubaydah,
pero en mayo acusó
a Muhammed, preso sudanés, de actuar como emir adjunto e instructor de armas en
el campo de entrenamiento de Jaldán, en Afganistán, aunque Muhammed ha
insistido en que Jaldán no tenía nada que ver ni con Al Qaeda ni con los
talibanes. En junio, al-Sharbi y al-Qahtani (ambos saudíes) y Barhoumi
(argelino) fueron acusados
de varios complots relacionados con explosivos, y Binyam
Mohamed, residente británico cuyos abogados han emprendido una lucha
transatlántica para conseguir pruebas relacionadas con los dos años que pasó
torturado en Marruecos y en una prisión secreta de la CIA en Afganistán, fue
acusado de conspirar para detonar una "bomba sucia" en una ciudad
estadounidense (el mismo complot inexistente que se utilizó para retener al
ciudadano estadounidense José
Padilla durante tres años y medio como "combatiente enemigo" en
el territorio continental de Estados Unidos).
En el momento de escribir estas líneas, el juez del caso de Jawad, el coronel del ejército Stephen Henley, dio un paso más
hacia el sobreseimiento del caso al dictaminar que su "confesión",
obtenida bajo custodia afgana, era inadmisible, porque había sido extraída
mediante el uso de la tortura (lo que confirma las repetidas afirmaciones de
Jawad). Como informó el Miami Herald, Henley consideró que había
"razones para creer que Jawad estaba bajo los efectos de las drogas en el
momento de su captura y confesión forzada", y también "aceptó el
relato del acusado de cómo fue amenazado, mientras altos funcionarios afganos
armados aliados de las fuerzas estadounidenses observaban su
interrogatorio". Declaró que creía el relato de Jawad de que un
interrogador le dijo: "Te matarán si no confiesas el atentado con granada.
Detendremos a tu familia y la mataremos si no confiesas". También declaró
que aceptaba el relato de Jawad porque el gobierno no había facilitado
"oportunamente las pruebas" para su juicio, cuyo inicio está previsto
para el 5 de enero de 2009.
En una breve vista previa al juicio celebrada en septiembre, Broyles anunció su renuncia al caso, reiterando sus
quejas sobre la representación forzosa y explicando que al-Darbi nunca llegó a
confiar en él porque "la relación abogado-cliente es casi imposible de
establecer" en un sistema en el que se impone un abogado a un preso, y que
ello se veía "agravado por el hecho de que el abogado lleva el mismo
uniforme que los interrogadores [del preso]". A modo de despedida, se
preguntó a Broyles qué opinaba de la afirmación del fiscal jefe de que el
juicio de Al Darbi concluiría antes de que tomara posesión el nuevo gobierno.
"No se trata de plazos", dijo, "se trata de hacer
justicia". Mientras se organizaba un nuevo equipo de defensa, Al Darbi
estuvo representado por su abogado civil, Ramzi Kassem.
6. Ahmed al-Darbi. Saudí acusado de planear atentados marítimos para Al Qaeda, Al Darbi
fue secuestrado en Azerbaiyán y trasladado a Guantánamo en 2002, a través de la
prisión estadounidense de la base aérea de Bagram, donde ha afirmado haber
sufrido graves malos tratos. En su comparecencia de abril, se negó
a participar en las comisiones, lo que llevó a su abogado de oficio, el
teniente coronel del ejército Bryan Broyles, a comentar que, para cumplir las
normas legales establecidas que impiden a los abogados representar a clientes
que rechazan sus servicios (como en el caso de Ali Hamza al-Bahlul), su papel
en el próximo juicio de al-Darbi equivalía ahora al de una "planta en maceta".
En una breve vista previa al juicio, celebrada en septiembre, Broyles anunció su renuncia al caso, reiterando sus
quejas sobre la representación forzosa y explicando que al-Darbi nunca llegó a
confiar en él porque "la relación abogado-cliente es casi imposible de
establecer" en un sistema en el que se impone un abogado a un preso, y que
ello se veía "agravado por el hecho de que el abogado lleva el mismo
uniforme que los interrogadores [del preso]". A modo de despedida, se
preguntó a Broyles qué opinaba de la afirmación del fiscal jefe de que el
juicio de Al Darbi concluiría antes de que tomara posesión el nuevo gobierno.
"No se trata de plazos", dijo, "se trata de hacer
justicia". Mientras se organizaba un nuevo equipo de defensa, Al Darbi
estuvo representado por su abogado civil, Ramzi Kassem.
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7. Ibrahim al-Qosi. Sudanés, acusado de ser guardaespaldas y chófer de Osama bin Laden, e intendente de Al Qaeda, Al Qosi
fue acusado anteriormente en la primera encarnación abortada de la Comisión. En
abril, también boicoteó
su vista previa al juicio, diciendo al juez: "No reconozco la justicia ni
la legalidad de este tribunal", y añadiendo: "Lo que está ocurriendo
en sus tribunales es, de hecho, una farsa, cuyo único objetivo es que los casos
avancen al ritmo de una tortuga con el fin de ganar algo de tiempo para
mantenernos en estas cajas sin ningún derecho humano ni legal". Que yo sepa,
aún no se ha fijado fecha para el juicio de Al Qosi, a pesar de que era uno de
los casos que el fiscal jefe, coronel Lawrence Morris, quería ver concluidos
antes de que la nueva administración tomara posesión en enero de 2009.
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8. Khalid Sheikh Mohammed (KSM). Según se informa, la
tercera figura más importante de Al Qaeda, después de Osama bin Laden y Ayman
al Zawahiri, KSM, que fue capturado en Pakistán en marzo de 2003, y los cuatro
hombres descritos a continuación se encuentran entre los 14 "detenidos de
alto valor" trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 tras permanecer
recluidos durante años en prisiones secretas gestionadas por la CIA. KSM confesó
en su tribunal militar de Guantánamo el año pasado (convocado para confirmar
que era un "combatiente enemigo" que podía ser juzgado por una
Comisión Militar) que era "responsable de la operación del 11-S, de la A a
la Z". Es uno de los tres "detenidos de alto valor" que el
director de la CIA, Michael Hayden, admitió que habían sido sometidos a submarino
(una técnica de tortura que consiste en el ahogamiento controlado) mientras
estaban bajo custodia de la CIA.
KSM y sus coacusados fueron acusados
en febrero y procesados
en junio. En septiembre, en una vista previa al juicio, KSM dominó
las actuaciones. Aprovechando el hecho de que la Ley de Comisiones Militares
permite a los presos representarse a sí mismos (pero sólo si están dispuestos a
montar una defensa, como se reveló en el caso de Ali Hamza al-Bahlul),
interrogó descaradamente al juez, el coronel de la Infantería de Marina Ralph
Kohlmann, sobre sus creencias, como parte del proceso de voir dire (que
permite a los abogados cuestionar la imparcialidad del juez), y disfrutó de una
plataforma mediática que, irónicamente, no habría estado a su disposición si
hubiera sido procesado en un tribunal de la parte continental de Estados Unidos.
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9. Ramzi bin al-Shibh. Yemení y, al parecer, amigo de los
secuestradores del 11-S, que ayudó a coordinar los atentados con KSM después de
que éste no pudiera entrar en Estados Unidos para entrenarse como piloto para
la operación, bin al-Shibh fue capturado en Pakistán en septiembre de 2002.
Tras permanecer bajo custodia secreta de la CIA durante cuatro años, se negó a
participar en su juicio en Guantánamo, y sólo habló finalmente en la vista
previa al juicio celebrada en septiembre. Sus abogados, a los que pretende
destituir, están inmersos en una lucha legal para conseguir una evaluación
psiquiátrica independiente de bin al-Shibh, que está recibiendo fármacos
psicotrópicos que suelen utilizarse para la esquizofrenia. En la vista
celebrada en septiembre, el coronel Kohlmann se negó a permitir que los
abogados visitaran el campo 7, la prisión secreta de Guantánamo donde están
recluidos los "detenidos de alto valor", pero el 27 de octubre cedió
y dictaminó que se debía permitir a los abogados visitar el bloque para
"inspeccionar las condiciones de reclusión del acusado como parte de una
investigación sobre su salud mental".
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10. Mustafa al-Hawsawi. Saudí capturado con KSM, al-Hawsawi está acusado de obtener financiación para los atentados del 11-S en
Dubai. En su comparecencia ante el tribunal de Guantánamo, admitió haber
prestado apoyo a los yihadistas, incluida la transferencia de dinero para
algunos de los secuestradores del 11-S, aunque negó ser miembro de Al Qaeda. En
la comparecencia de junio, parecía que KSM y algunos de los otros coacusados de
al-Hawsawi le presionaron para que rechazara los servicios de su abogado, el
mayor del ejército Jon Jackson, pero en la vista previa al juicio, celebrada en
septiembre, Jackson seguía defendiendo a su cliente. Explicando que su cliente
"no entiende ni una cuarta parte de los procedimientos judiciales debido a
la incomprensible interpretación", se quejó de que el gobierno se había
opuesto a una petición para que "las transcripciones de los procedimientos
de cada día estuvieran disponibles en inglés y árabe para que pudieran repasar
los acontecimientos de cada día con sus clientes y hacer correcciones para que
constaran en acta", y añadió: "No podía creer que mi gobierno no
proporcionara transcripciones en la lengua materna del acusado al que quiere
condenar a muerte".
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11. Ali Abdul Aziz Ali. También conocido como Ammar al-Baluchi,
es sobrino de KSM y fue capturado en Pakistán con Walid bin Attash (véase más
abajo) en abril de 2003. En su comparecencia ante el tribunal de Guantánamo el
año pasado, admitió haber transferido dinero en nombre de algunos de los
secuestradores del 11-S, pero insistió en que era un hombre de negocios
legítimo, que transfería regularmente dinero para los árabes, sin saber para
qué se iba a utilizar. En la comparecencia y en la vista previa al juicio ha
hablado poco, pero ha demostrado un firme dominio del inglés y el deseo de
poner de relieve las deficiencias del sistema y su tortura a manos de las
fuerzas estadounidenses. En la comparecencia, respondió a las garantías del
coronel Kohlmann sobre su derecho a la asistencia letrada afirmando: "Todo
lo que ha ocurrido aquí es injusto e inequitativo", y añadió, refiriéndose
concretamente a la oferta de representación letrada gratuita: "Desde la
primera vez que me detuvieron, podría haberlo agradecido. El gobierno habla de
abogados gratuitos. El gobierno también me torturó gratuitamente todos estos años".
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12. Walid bin Attash. Saudí, que perdió una pierna en
Afganistán antes del 11-S, bin Attash declaró ante el tribunal de Guantánamo
que fue el enlace entre Osama bin Laden y la célula de Nairobi durante los
atentados de Al Qaeda contra la embajada africana en 1998, y admitió que
desempeñó un papel importante en el atentado contra el USS Cole en 2000,
explicando que "elaboró el plan de la operación durante un año y
medio", y que compró los explosivos y el barco, y reclutó a los
terroristas. Al igual que KSM y Ali Abdul Aziz Ali, ha optado por representarse
a sí mismo, aunque puede beneficiarse de la asistencia de abogados. A
principios de octubre, el coronel Kohlmann dictaminó que los hombres debían
disponer de "batería suficiente para utilizar sus ordenadores portátiles
del campo de prisioneros [que contienen las pruebas no clasificadas del
gobierno contra ellos] 12 horas al día", pero se abstuvo de permitirles
"navegar por Internet".
Mohammed al-Qahtani, saudí que, al parecer, iba a ser el vigésimo secuestrador de los atentados del 11-S, pero a quien los
funcionarios de inmigración denegaron la entrada en Estados Unidos, fue
torturado durante varios meses en Guantánamo a finales de 2002 y principios de
2003. Los cargos contra él se retiraron
en mayo, cuando se acusó formalmente a los demás, bien porque las pruebas de su
tortura son admisibles (mientras que las obtenidas en prisiones secretas por la
CIA no lo son), bien por el pronunciado deterioro de su salud mental desde que
se le acusó por primera vez, que le llevó a varios intentos de suicidio. Es poco
probable que vuelva a ser acusado.
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13. Ahmed Khalfan Ghailani. Tanzano y uno de los 14
"detenidos de alto valor" trasladados a Guantánamo desde prisiones
secretas de la CIA en septiembre de 2006, Ghailani, capturado tras un tiroteo
en Gujrat (Pakistán) en julio de 2004, está acusado
de ser el coordinador de los atentados con explosivos contra la embajada africana
y de dirigir una operación de falsificación de documentos para Al Qaeda en
Afganistán. En su comparecencia ante el tribunal, se describió a sí mismo como
un personaje periférico en los atentados de la embajada africana, que fue
engañado por otras personas de su entorno, aunque admitió haber falsificado
documentos para Al Qaeda en Afganistán.
El 22 de octubre, Ghailani fue procesado formalmente. Judy Rabinovitz, observadora de la Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles, informó de que la ocasión "no fue especialmente
esclarecedora", y que el juez "siguió esencialmente un guión",
advirtiendo a Ghailani de que tenía "derecho a obtener un abogado civil
además del abogado militar que se le había asignado", y "preguntándole
repetidamente si entendía lo que estaba pasando." La fecha del juicio está
prevista para febrero de 2009. Como también señaló Rabinovitz, Ghailani fue
acusado en Estados Unidos hace diez años de los mismos delitos de los que ahora
se le acusa, "y varios de sus coacusados en el proceso federal ya han sido
declarados culpables y condenados", mientras que Ghailani se enfrenta a un
juicio dudoso tras años de malos tratos bajo custodia secreta de la CIA.
14. Mohammed Kamin. El caso de Kamin, afgano detenido en 2003, es uno de los más absurdos
que se han presentado a juicio. No se le acusa de dañar, y mucho menos de
matar, a las fuerzas estadounidenses, y se le acusa,
en cambio, de recibir adiestramiento en "un campo de entrenamiento de Al
Qaeda". Para su comparecencia en mayo, se negó a salir de su celda y fue
arrastrado al tribunal por los guardias, llegando con moratones, cortes y un
ojo hinchado. El juez, el coronel de las Fuerzas Aéreas W. Thomas Cumbie,
explicó que le habían esposado y engrilletado porque había "intentado
escupir y morder a uno de los guardias" de camino a la sala. Kamin se negó
entonces a ser representado por un abogado militar estadounidense y calificó los
cargos de "mentira y falsificación".
El 23 de octubre se celebró una vista previa
al juicio, aunque Kamin no estuvo presente. Judy Rabinovitz señaló: "La
oficial que se había encargado de llevarlo al tribunal dijo que cuando fue a la
celda de Kamin para notificarle la vista, éste rompió la notificación, empezó a
dar patadas y golpes a la puerta de la celda y declaró que era inocente y que
era el presidente Bush quien debía ser juzgado". Añadió que una moción de
la fiscalía "para obligar a Kamin a comparecer 'sacándolo por la fuerza'
de su celda fue denegada después de que los abogados de la defensa se opusieran
alegando que pondría en peligro a Kamin y a otras personas", aunque estaba
claro que la moción fue denegada en particular porque la juez no quería que se
repitiera el procedimiento de mayo.
El resto de la vista fue una farsa. Rabinovitz explicó que una evaluación del estado mental había determinado que
Kamin era competente para participar en el proceso, a pesar de que los dos
médicos militares "nunca habían conocido ni observado al acusado", y
una de ellas, la coronel Elspeth Cameron Ritchie, "ha sido criticada por
ayudar en el proceso de interrogatorio". Al igual que en otros casos
-incluido el de Omar Khadr-, la defensa trató de nombrar a un experto psiquiátrico
independiente, propuesta a la que se opuso enérgicamente la acusación, y
también planteó la cuestión de la obstrucción, que fue oportuna, a raíz de la
dimisión del teniente coronel Vandeveld. Aunque acusaron a las agencias de
inteligencia de un "fracaso sistemático" a la hora de cooperar con
sus solicitudes de presentación de pruebas, y pidieron al juez que desestimara
el caso, "como sanción por el incumplimiento por parte del gobierno del
proceso de presentación de pruebas en el momento oportuno, pero también como
medida disuasoria para las agencias de inteligencia que siguen dando largas al
asunto, poniendo en peligro la integridad del proceso", el juez se negó.
15. Mohammed Hashim. Otro insurgente afgano menor (en el mejor de los casos), Hashim fue acusado
en junio de espiar para Al Qaeda en Afganistán y de realizar un ataque con
cohetes contra las fuerzas estadounidenses. Como en el caso de Mohammed Kamin,
es difícil entender cómo interpreta la administración estos cargos como
"crímenes de guerra", y en el caso de Hashim esto se complica por el
hecho de que su testimonio públicamente disponible -que está salpicado de
referencias inverosímiles al 11-S, a Osama bin Laden y a los vínculos entre Al
Qaeda y Sadam Husein- sugiere que, o bien tiene problemas de salud mental, o
bien ha inventado las mayores mentiras posibles para asegurarse un trato más
favorable. A pesar de ello, Susan Crawford aprobó los cargos contra Hashim el
21 de octubre.
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16. Abdul Rahim al-Nashiri. Saudí y otro de los 14
"detenidos de alto valor" trasladados a Guantánamo desde prisiones
secretas de la CIA en septiembre de 2006, al-Nashiri, que fue aprehendido en
los Emiratos Árabes Unidos en noviembre de 2002, fue acusado
a principios de julio por su presunta participación en los atentados contra el
USS The Sullivans y el USS Cole en 2000, y contra el petrolero
francés Limburg en 2002. Lo que sin duda complicará su caso, si llega a
juicio, es el hecho de que es uno de los tres "detenidos de alto
valor" que el director de la CIA, Michael Hayden, admitió que habían sido
sometidos a ahogamiento simulado bajo custodia secreta de la CIA, y en su
tribunal de Guantánamo el año pasado hizo hincapié en mencionar que había
inventado confesiones falsas tras ser torturado. "Desde que me detuvieron
hace cinco años -dijo- me han estado torturando. Ocurrió durante los
interrogatorios. Una vez me torturaron de una forma y otra de otra. Sólo dije
esas cosas para contentar a la gente. Se pusieron muy contentos cuando les dije
esas cosas".
17. Abdul Ghani. Otro insurgente afgano menor, Ghani fue acusado
a finales de julio de disparar cohetes contra las fuerzas estadounidenses,
colocar "minas terrestres y otros artefactos explosivos en más de una
ocasión para utilizarlos contra las fuerzas estadounidenses y de la
coalición", atacar a soldados afganos y "aceptar pagos monetarios,
incluidos pagos de Al Qaeda y otros conocidos y desconocidos, para cometer
atentados contra las fuerzas y bases estadounidenses". Como escribí en su
momento: "Aparte de la inclusión de las palabras mágicas 'al-Qaeda', no
había nada en el pliego de cargos de Abdul Ghani que indicara que debía
encontrarse en el mismo sistema de enjuiciamiento que los acusados de
participar en los atentados del 11-S, los atentados contra la embajada africana
de 1998 o el atentado contra el USS Cole en 2000, o incluso, de hecho, que
debiera haber sido enviado a Guantánamo".
18. Obaidullah. En todo caso, el caso contra Obaidullah, otro afgano, es aún menos explicable.
En septiembre, se le acusó
de ocultar explosivos, que "sabía o pretendía" que serían
"utilizados en la preparación y ejecución de un atentado terrorista".
Los cargos eran sorprendentes, porque en realidad no se le acusaba de atentar
contra las fuerzas estadounidenses y, según las transcripciones de su tribunal
y las juntas de revisión en Guantánamo, dejó claro que había inventado
confesiones falsas mientras era amenazado por las fuerzas estadounidenses en
una prisión del aeropuerto de Khost, en el este de Afganistán.
19. Faiz al-Kandari. El primero de los dos kuwaitíes procesados, Al Kandari fue acusado de
conspiración y apoyo material al terrorismo el 22 de octubre. Capturado durante
la campaña de Tora Bora, en diciembre de 2001, cuando miembros de Al Qaeda y
los talibanes se refugiaban en las montañas afganas cercanas a Pakistán y
numerosos civiles intentaban huir del caos de la guerra, al-Kandari siempre ha
mantenido que viajó a Afganistán para prestar ayuda humanitaria, pero se le
acusa de haber instruido a miembros y aprendices de Al Qaeda en el campo de Al
Farouq (el principal campo de entrenamiento para árabes), de haber actuado como
asesor de Osama bin Laden y de haber producido "cintas de audio y vídeo de
reclutamiento que alentaban a la afiliación a Al Qaeda y a la participación en
la yihad", a pesar de que sólo llegó a Afganistán un mes antes de los
atentados del 11-S.
20. Fouad al-Rabia. También acusado de conspiración y de proporcionar apoyo material al
terrorismo, al-Rabia, hombre de negocios -y padre de cuatro hijos que tenía 42
años cuando fue detenido-, está acusado de recaudar fondos para Al Qaeda y de
estar "a cargo de un depósito de suministros de Al Qaeda en Tora
Bora", donde "distribuía suministros a los combatientes de Al
Qaeda". Nunca ha negado haber conocido a Osama bin Laden, pero ha
explicado que, como buen musulmán que realizaba misiones de ayuda humanitaria
todos los años, le presentaron a bin Laden en 2001 mientras visitaba Afganistán
para investigar las posibilidades de prestar ayuda a la región.
También ha explicado que sólo acabó en Tora Bora como parte de un vasto éxodo de personas -civiles como él, así como
miembros de Al Qaeda y los talibanes- que huían del caos de Afganistán tras la
invasión liderada por Estados Unidos en octubre de 2001, pero había admitido
que un alto cargo de Al Qaeda le obligó a ocuparse del "mostrador de
expedición", donde se repartían suministros -alimentos y mantas, en lugar
de armas-, a cambio de organizar su salida de las montañas, cuando fue vendido
rápidamente por los aldeanos locales a la Alianza del Norte.
Junto con los continuos contratiempos descritos anteriormente, el juicio parcial de Ali Hamza al-Bahlul, las
investigaciones sobre la presunta conducta indebida del antiguo asesor jurídico
de las Comisiones (descrita aquí)
y la continua amenaza para la credibilidad del sistema que supone el teniente
coronel Vandeveld, los últimos cargos no sugieren en absoluto que la vida de
las Comisiones Militares deba prolongarse más allá del 20 de enero de 2009.
El presidente Obama debería presionar al Congreso para que derogue la Ley de Comisiones Militares, como prometió, y
debería establecer rápidamente un órgano objetivo e inteligente capaz de
revisar los casos de quienes se enfrentan (o tienen previsto enfrentarse) a un
juicio ante una Comisión Militar, separando a los menores y a los
insignificantes insurgentes afganos (que deberían ser liberados) de quienes son
considerados terroristas realmente peligrosos implicados en Al Qaeda y/o en los
atentados del 11-S, que deberían ser trasladados al territorio continental de
Estados Unidos para ser juzgados en tribunales federales.
Después de los crímenes de los años de Bush, ninguna solución es perfecta (y estos juicios implicarán inevitablemente un
compromiso desordenado sobre el uso de la tortura), pero no veo otra solución
práctica. Hablar de trasladar a los presos al sistema de tribunales federales
ya ha provocado que una serie
de comentaristas den un paso al frente y hablen de la necesidad de una
nueva legislación que cree otro nuevo sistema de juicios o que establezca un
mandato de "detención preventiva" especial para los "sospechosos
de terrorismo", pero todas esas innovaciones deberían resistirse. Sólo
puedo preguntarme cómo es posible que quienes proponen tales ideas no hayan
aprendido nada en absoluto del abuso de la Constitución durante los últimos
siete años.
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